La CSI secunda la iniciativa sindical para defender la democracia frente a la terapia de choque de Milei
24-01-204 Comunicado de la Confederación Sindical Internacional
La CSI, Confederación Sindical Internacional, respalda a sus organizaciones afiliadas de Argentina en su convocatoria de huelga general, el próximo 24 de enero, para protestar contra las medidas de extrema derecha que está introduciendo el Gobierno de Javier Milei.
Tres importantes federaciones sindicales –la CGT, la CTA-T y la CTA-A– se han unido para hacer frente a la grave amenaza que supone para las libertades civiles y los derechos fundamentales de los trabajadores la iniciativa de Milei de resucitar políticas neoliberales obsoletas y desacreditadas.
El secretario general de la CSI, Luc Triangle, ha declarado: “Los peores temores de nuestras organizaciones afiliadas con relación al régimen de Milei se están haciendo realidad, y nos solidarizamos con ellas en su movilización por la democracia este 24 de enero.
“La democracia no consiste solo en votar, sino también en proteger los valores, las libertades y los derechos, todos ellos fundamentales para el movimiento sindical, y todos ellos actualmente amenazados en Argentina.
“Las acciones del Gobierno de Milei tratan de recrear los días más oscuros de la dictadura, y requieren una respuesta fuerte y unida por parte del movimiento sindical mundial. Nos solidarizamos plenamente con los trabajadores y las trabajadoras de Argentina en su defensa de la justicia y la democracia”.
Desde su elección como presidente el pasado 19 de noviembre, la Administración de Milei ha anunciado medidas de austeridad extremas, a las que él mismo denomina “terapia de choque”, para lo cual ha introducido tres importantes iniciativas represivas que van a afectar a los trabajadores y a la sociedad en general, a saber:
- El "protocolo de Bullrich”, cuyo objetivo es criminalizar las protestas públicas de los sindicatos o de cualquier otro grupo de la sociedad civil que intente defender sus derechos.
- Un decreto para desmantelar, desregular y privatizar los servicios públicos, en particular la educación, la sanidad y las instituciones culturales, escudándose en los poderes constitucionales de emergencia.
- La denominada “ley ómnibus”, que declara el estado de emergencia en numerosos sectores para consolidar la autoridad en manos del presidente, otorgándole el control de las funciones legislativas y permitiéndole efectivamente gobernar sin suficiente supervisión democrática.
Estas medidas han desencadenado protestas generalizadas en Argentina, y la participación de los ciudadanos en cacerolazos nocturnos, y han sido objeto de duras críticas por parte de sindicatos y organizaciones de derechos humanos que han denunciado el intento del Gobierno de abolir los derechos laborales y los derechos a la vivienda, la sanidad, la tierra y la protección medioambiental.
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